La comunidad argentina ha pasado por un periodo de incertidumbre en lo que respecta al incremento de sus tarifas móviles, desde el pasado 21 de marzo, cuando se hizo oficial un primer intento por parte de las operadoras principales del mercado nacional, en donde buscaban aumentar las cuotas por sus servicios, colocando al servicio de telefonía celular de Argentina como uno de los más elevados de su zona. Al principio el argumento de las compañías giraba en torno a un compromiso por realizar inversiones para dar una mejor calidad a las llamadas y estabilidad a sus servicios, impactando principalmente a los usuarios de prepago, quienes vieron incrementos del 9 al 18%, ahora las autoridades oficiales han entrado en acción para bloquear este cambio.
Un aumento ilegal
Movistar, Personal y Claro fueron los principales involucrados en impulsar este incremento de tarifas, en el caso de Personal, la iniciativa apunta a entrar en rigor a principios de abril, con incrementos de 13%, mientras que Claro apuntaba por subidas de casi un 25%, en una situación que se observa como una suerte de acto reflejo tras la implementación de cobros de llamadas por segundo en lugar de por minutos redondeados, como se había venido haciendo en Argentina durante años. La realidad es que las operadoras no pudieron seguir adelante con esta estrategia para mantener sus ingresos, ya que el Gobierno del país ha rechazado esta serie de aumentos a través de la Comisión Nacional de Comunicaciones (CNC). En palabras del propio secretario de Comunicaciones, Norberto Berner en declaraciones del diario La Nación, reproducidas a partir de un comunicado oficial de prensa:
La calidad del servicio no es lo suficientemente buena para que aumenten los precios de la telefonía móvil. Si bien los precios son libres y se busca la competencia real, las empresas de telefonía móvil tienen ciertas obligaciones relacionadas con los precios y los planesDe acuerdo a los estatus de la CNC cualquier cambio en las tarifas móviles del ramos deben realizarse con al menos 60 días de anticipación por lo que la premura de este cambio, sin previo aviso y con entrada en rigor inmediata por parte de las operadoras, fue calificado como ilegal, por lo que estas variaciones en los precios deberán ser canceladas. Lo que marca de facto el antecedente por parte de las operadoras locales, quienes no se muestran pasivas con el actual escenario comercial.
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