Ni los poderosos pueden con YouTube


Dada la dimensión de esta red social, se hace necesaria la colaboración de los usuarios para denunciar posibles abusos.

Cada minuto se suben 60 horas de video a YouTube. Cada día se reproducen más de 4.000 millones de grabaciones. Cada mes, 800 millones de usuarios únicos hacen clic en el contenido audiovisual de esta red social y se reproducen más de 3.000 millones de horas de video.

Uno de ellos, "La inocencia de los musulmanes", que caricaturiza a Mahoma hizo estallar la ira del mundo islámico. Estados Unidos le pidió a Google el retiro total del material, pero recibió una negativa como respuesta. ¿Qué hace que el gigante de internet admita, bloquee o retire un contenido?

Las dimensiones de esta red social hacen imprescindible la colaboración de los usuarios para controlar y denunciar posibles abusos a las "normas de la comunidad": no se admiten materiales pornográficos o que muestren sexo explícito, los que hacen apología del terrorismo y el narcotráfico, los que exhiban abusos a animales o violencia explícita ni contenido impactante como accidentes, cadáveres y temas similares.

El personal de Google está repartido por todo el mundo. Cuando los videos son objeto de revisión, se examina el contenido de cara a estas normas.

Marisa Toro, directora de Comunicación de Google España y Portugal, le explicó a BBC Mundo que "si un usuario marca un video en YouTube y éste no cumple con los términos y las condiciones, se retira y no se puede visionar de ninguna manera".

En países en los que la red social está localizada, por ejemplo Alemania, Indonesia, etc., si se recibe una notificación legal en la que se indica que una URL específica infringe las leyes locales (contenido nazi, denigración del Islam, etc.), "a esa dirección IP se le restringe el acceso en ese país".


Cuando hay quejas, Google examina el video y decide si hay que elminarlo según las normas de la comunidad.

En el caso del video antiMahoma, reproducido cuatro millones y medio de veces hasta hoy y cuya autoría es atribuida al activista Nakoula Basseley Nakoula, se consideró otra norma: "Fomentamos la libertad de expresión y defendemos el derecho de todo el mundo a expresar puntos de vista impopulares. Pero no toleramos discursos que fomenten el odio (que ataquen o degraden a un grupo por su raza u origen étnico, religión, discapacidad, sexo, edad, condición militar o identidad u orientación sexual)".

En un corto comunicado institucional a principios de semana, Google respondió que el video de la polémica "está claramente dentro de nuestras pautas y así permanecerá en YouTube". El sitio restringió su acceso "sólo en los países donde es ilegal": India, Indonesia, Libia y Egipto.

Ni terroristas ni antimonárquicos

En números
  • YouTube está localizado en 39 países y aparece en 54 idiomas
  • Se cuentan más de 4.000 millones de reproducciones diarias
  • Se suben a la plataforma 72 horas de video por minuto
  • 70% del tráfico de YouTube procede de fuera de EE.UU.
En 2011, YouTube recibió más de mil millones de reproducciones o casi 140 reproducciones por cada habitante de la Tierra.

Sobre el perfil del personal que hace las evaluaciones de los videos y la cantidad de ellos que pasan por el chequeo normativo, Google se excusó de proveer esa información de carácter reservado.

El informe de transparencia de la red social, disponible en internet, desgrana los datos por país. En Estados Unidos las autoridades solicitaron el retiro de 1.400 videos por supuesto acoso, pero la petición se desestimó. Otro organismo de ese país pidió clausurar cinco cuentas de usuarios, aunque únicamente se cerraron cuatro y se retiraron 300 videos.

De Alemania, en ese período, se hicieron 70 objeciones a material grabado, supuestamente violatorio de la ley local de niñas y niños, pero no todas prosperaron. La Agencia Española de Protección de Datos solicitó la eliminación de tres videos alojados en YouTube, y tampoco tuvo éxito en la gestión.

Un caso curioso es el de la oficina migratoria de Canadá que objetó un video en que un hombre orina sobre su pasaporte y luego lo tira por el excusado. Google no admitió la denuncia.

Reino Unido tuvo más éxito. La Asociación de Oficiales de Policía pidió cancelar cinco cuentas de usuarios que presuntamente promocionaban el terrorismo. La empresa accedió y retiró en consecuencia 640 videos. También Tailandia salió beneficiada con sus demandas contra 149 videos lesivos a la monarquía; se restringió la visualización de 70% de ellos. Turquía consiguió que se removiesen de internet tres videos que promovían el odio y restringir seis en el propio país.

Datos sobre China, Pakistán, Afganistán, Australia, Bangladesh, Kenia, Irán y Siria no hay por restricciones totales o parciales a Google.

Se impone el derecho a la información

"Las restricciones a la libertad de expresión en internet solo resultan aceptables cuando cumplen con los estándares internacionales que disponen, entre otras cosas, que deberán estar previstas por la ley y perseguir una finalidad legítima reconocida por el derecho internacional"

Eduardo Bertoni, Universidad de Palermo, Argentina

La clave de que una petición proceda o no, reside sobre todo en el derecho a la libertad de expresión en internet, consagrado por Naciones Unidas este mismo año.

Eduardo Bertoni, director del Centro de Estudios en Libertad de Expresión y Acceso a la Información de la Universidad de Palermo, Argentina, le recuerda a BBC Mundo que "tanto en el mundo 'offline' como en el 'online' las personas deben gozar de los mismos derechos humanos, en particular la libertad de expresión".

Bertoni, quien fue relator para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, apunta que el artículo 20 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos dispone que toda apología del odio nacional, racial o religioso que constituya incitación a la discriminación, la hostilidad o la violencia está prohibida por la ley.

"Las restricciones a la libertad de expresión en internet solo resultan aceptables cuando cumplen con los estándares internacionales que disponen, entre otras cosas, que deberán estar previstas por la ley y perseguir una finalidad legítima reconocida por el derecho internacional", agrega Bertoni.

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